Marisela Morales nueva titular de la PGR
Por Sandra Romero
Por Sandra Romero
Una abogada al servicio de la clase dominante
Morales Ibáñez es abogada egresada de la UNAM, maestra en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En 1993 ingresó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como Agente del Ministerio Público, donde mostró abiertamente al servicio de qué clase ponía sus conocimientos al ser elegida junto con otros 25 ministerios públicos capitalinos para llevar el proceso judicial contra los dirigentes del Sindicato de Autotransportes Urbanos y de Pasajeros (SUTAUR-100). La Ruta 100 operaba el transporte público en la capital y el área metropolitana hasta 1995, cuando el entonces Departamento del DF, con el priista Óscar Espinosa Villareal al frente, declaró en quiebra la empresa y desapareció su sindicato combativo (como sucedió al SME). Una madrugada, cientos de policías tomaron el control de los 27 módulos operativos de la paraestal e impidieron el ingreso del personal. Ese día y los siguientes se detuvo a Ricardo Barco y 11 dirigentes más, acusados de desvío de fondos del sindicato por nueve millones de pesos y les fincaron responsabilidades. Así estalló la lucha de transportistas sindicalizados en la capital por la recuperación de su fuente de trabajo. El gobierno les ofreció liquidaciones superiores a la ley a cambio de terminar la lucha y como una maniobra para vencerlos por hambre. Todo el proceso judicial contra los líderes fue llevado por Marisela Morales junto con el equipo asignado, mientras los trabajadores marchaban exigiendo la liberación de sus presos.
Morales Ibáñez es abogada egresada de la UNAM, maestra en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En 1993 ingresó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como Agente del Ministerio Público, donde mostró abiertamente al servicio de qué clase ponía sus conocimientos al ser elegida junto con otros 25 ministerios públicos capitalinos para llevar el proceso judicial contra los dirigentes del Sindicato de Autotransportes Urbanos y de Pasajeros (SUTAUR-100). La Ruta 100 operaba el transporte público en la capital y el área metropolitana hasta 1995, cuando el entonces Departamento del DF, con el priista Óscar Espinosa Villareal al frente, declaró en quiebra la empresa y desapareció su sindicato combativo (como sucedió al SME). Una madrugada, cientos de policías tomaron el control de los 27 módulos operativos de la paraestal e impidieron el ingreso del personal. Ese día y los siguientes se detuvo a Ricardo Barco y 11 dirigentes más, acusados de desvío de fondos del sindicato por nueve millones de pesos y les fincaron responsabilidades. Así estalló la lucha de transportistas sindicalizados en la capital por la recuperación de su fuente de trabajo. El gobierno les ofreció liquidaciones superiores a la ley a cambio de terminar la lucha y como una maniobra para vencerlos por hambre. Todo el proceso judicial contra los líderes fue llevado por Marisela Morales junto con el equipo asignado, mientras los trabajadores marchaban exigiendo la liberación de sus presos.
Años más tarde, en 2005 instrumentó junto a Macedo de la Concha la argucia legal en el caso del predio “El Encino”, que llevó al intento de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador. Aunque este intento se vino abajo por la rotunda movilización en apoyo al tabasqueño. Pero Marisela repitió el montaje judicial en 2009 contra diversos funcionarios y alcaldes de Michoacán.
En 2008, fue titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y ganó reconocimiento al encabezar la denominada “operación limpieza”, con la que encarceló a funcionarios federales infiltrados por la organización delictiva de Arturo y Alfredo Beltrán Leyva, incluido su antecesor. Al mismo tiempo, fue acusada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por irregularidades en la renovación del personal de la institución, por amenazas y violación a las leyes laborales a servidores públicos. También destacó en la fabricación de montajes para reprimir indiscriminadamente a todo “presunto sospechoso”, ya no digamos personas que tienen relación o parentesco con elementos del crimen organizado, sino a detractores y opositores políticos de Calderón. En agosto de 2009, según Wikilieks fue incluida en la lista de posibles relevos de Eduardo Medina Mora, por tener “excelentes relaciones con sus interlocutores del gobierno de Estados Unidos” además que Calderón “puede estar buscando un procurador más vinculado al PAN y más leal a su persona”. Para diciembre de 2009, Morales recibe en México a John Brennan, asesor de Barack Obama para Seguridad Interna y Lucha contra el Terrorismo. Estrechas relaciones con el imperialismo estaban dadas. Por eso recibió el Premio Internacional a las Mujeres de Valentía, entregado por Michel Obama y Hillary Clinton.
El gobierno pretende destacar a esta funcionaria como una mujer que comenzó su carrera política “desde abajo” y en “combate a las bandas criminales”, usa su condición de género como ejemplo de “disposición” y “valentía”. Pero es evidente que sus principios estuvieron bien definidos al servicio de la clase dominante y contra los trabajadores. Por ello es parte de este gobierno represor y antiobrero. Aunque tres procuradores han ocupado el cargo solamente en este sexenio
¿Defensora de las mujeres y los niños?
En la PGR Morales ocupó varios cargos, entre ellos, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos donde se ocupó de la red nacional de abuso y maltrato infantil que funcionaba a través de los albergues Casitas del Sur, donde a la fecha varios niños continúan desaparecidos y su principal responsable prófugo. Entonces Morales declaro hipócritamente no conocer la dimensión del problema de tráfico de menores en el país. Las redes de tráfico internacional y explotación sexual de menores son de los negocios con mayores ganancias del mundo y prevalecen a través de la participación directa de altos funcionarios migratorios, policíacos, judiciales, políticos y del clero. Según datos de la ONU, “el contrabando humano Vip (ligado a la explotación infantil) es una millonaria fuente de ingresos para los cárteles mexicanos y tiene paso libre en las aduanas del país”. Entonces no fue un problema de desconocimiento lo que le pasó a Marisela en el cargo, sino que siendo funcionaria de un gobierno al servicio de la gran patronal determinó su política cómplice ante este problema que afecta sobre todo a los sectores populares. Combatir contundentemente la extensión del tráfico de personas, menores, mujeres y migrantes en México implica dar una lucha frontal contra el gobierno de Felipe Calderón y su política de militarización y “guerra” contra el narco, además de toda la antidemocracia e impunidad que genera. En cuanto a los derechos de las mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) destaca a la funcionaria como “un digno ejemplo a seguir por quienes desean un México más justo y equitativo”. Llama la atención que una mujer alcance un cargo a este nivel, sobre todo en áreas de procuración de justicia donde prevalece el machismo y la discriminación de género. Pero contrario a algunos feminismos que asumen que las mujeres deben ocupar espacios de poder para que el mundo sea gobernado con una “óptica de género” a favor de nuestros derechos, Marisela Morales mejor que nadie ha demostrado que la aplicación de los planes de represión, antidemocracia, maniobras políticas y militarización no es cuestión de sexo, sino de clase. Lejos de ser un ejemplo para las mujeres, jóvenes y estudiantes que luchan por sus derechos, es un “ejemplo” al servicio de los capitalistas y represores. Esta mujer efectivamente ha destacado pero en ayudar a mantener el dominio y sobre todo los niveles de explotación a los que someten a miles de hombres y mujeres el gobierno de Felipe Calderón. Sostiene la militarización, la antidemocracia e impunidad de los cuerpos policíacos. Por ello contra la celebración del empoderamiento femenino en abstracto, sin considerar el carácter de clase de la política que se defiende, por lo que debemos luchar es por el empoderamiento de la clase trabajadora, donde las mujeres peleemos por nuestras demandas, camino que se alcanza luchando contra todas y todos los explotadores, políticos y funcionarios que los sostienen.
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