Es el pueblo el que pone los muertos

En la “guerra contra el narco”

Sandra Romero
La marcha contra la violencia y los asesinatos de civiles, a causa de la guerra contra el narco, logró una importante participación en 25 estados del país y en algunas ciudades del mundo. La indignación ante el asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia y seis de sus amigos en Temixco, Morelos, provocó la unidad y solidaridad de miles de personas hartas de la política del gobierno que sólo ha traído militarización, violaciones a los derechos humanos por parte de policías y militares y asesinatos de civiles. “Ni un joven o niño más asesinado en este combate del gobierno contra el crimen organizado”; “En la guerra contra el narco las que mueren son mujeres”; “No más sangre”; “Ciudad Juárez es un simulacro, de la política del gobierno, dicen que es contra el narco, pero el pueblo pone los muertos”; fueron algunos de los gritos y consignas que unificaron la manifestación, considerada como una de las más grandes contra la política de militarización del gobierno y su “combate al narco”.

En la ciudad de México participó la LTS con un contingente juvenil, de mujeres y trabajadores, junto a miles de manifestantes, intelectuales, académicos, periodistas, trabajadores, activistas, artistas, organizaciones sociales y de derechos humanos. También participó la familia Morlett, que lucha por encontrar a Adriana, su hija desaparecida desde septiembre de 2010; el Comité de Familiares y Amigos de la profesora Elvia Zúñiga, asesinada el 9 de octubre de 2010, que pide justicia ante la indignante sentencia de 27 años de prisión para el homicida, quien le arrancó la vida con 30 puñaladas. En otros estados además se movilizaron activistas de Juárez, familiares de las víctimas de la guardería ABC, integrantes de la familia Reyes Salazar, familiares de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar.

Pero mientras se expresaba en las calles este amplio sector democrático contra la política del gobierno, fueron descubiertas ocho fosas clandestinas con 59 cuerpos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, estado gobernado por el priísta Egidio Torre Cantú, hermano del excandidato asesinado Rodolfo Torre Cantú. En este mismo lugar, en agosto del año pasado, aparecieron 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos asesinados.

Ante estos asesinatos hay 15 detenidos acusados de realizar secuestros de migrantes en la zona, al mismo tiempo las autoridades alegan carecer de investigadores y médicos forenses suficientes para informar la nacionalidad y causas de la muerte de las víctimas, sólo se confirmó la nacionalidad guatemalteca de uno de ellos; esta política dilatoria muestra el desprecio por la vida de miles de migrantes y la naturalización que impone el gobierno ante la violencia generada por el narcotráfico. Además, algunas detenciones no frenarán la práctica extendida de secuestros, asesinatos y extorsiones a migrantes impulsada por Los Zetas, bajo la complicidad de diversas autoridades. Aún no termina el impacto por esta noticia, cuando se anuncia la localización de más fosas clandestinas en el mismo municipio y otra en el estado de Durango. San Fernando se ha convertido en cementerio clandestino de migrantes, con 144 cuerpos hallados en siete meses, dicen, todos varones.

El 2010 fue declarado por organizaciones de Derechos Humanos como el año más violento para los miles de hombres, mujeres y niños que intentaron llegar a Estados Unidos, una responsabilidad más del gobierno de Calderón y su “guerra contra el narco”, donde México se ha convertido en uno de los cruces más peligrosos del mundo. Mientras el gobierno de Estados Unidos recomienda al gobierno mexicano militarizar la frontera sur y la injerencia imperialista en la frontera, su colaboración en labores de inteligencia, es inminente.

Unamos el descontento en un gran movimiento nacional contra el gobierno

La tortura y asfixia a los siete jóvenes en Cuernavaca, generó la protesta más grande realizada contra las muertes del gobierno, la violencia y la militarización. Es fundamental que no cesen las manifestaciones, que este gran paso se extienda y se convierta en un gran movimiento nacional contra los asesinatos de mujeres, de migrantes, de jóvenes y de trabajadores. Para eso, deben sumarse las organizaciones sindicales, los organismos de derechos humanos y democráticos que han estado en la lucha contra la militarización. Mostremos nuestro repudio también a siete años más de asesinatos, secuestros y violaciones de derechos humanos, como anunció Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, no queremos seguir sumando a los 40 mil asesinados por esta guerra que no es nuestra. Salgamos en solidaridad con nuestros hermanos migrantes asesinados, contra el feminicidio y los asesinatos de luchadores sociales.

Los temas de la inseguridad y el narco son la principal preocupación de los partidos del Congreso y del gobierno. Los presupuestos se han definido en función de ello: sumas millonarias para las Fuerzas Armadas y cuerpos policíacos, donde como sabemos bien, el objetivo es acrecentar la militarización del país y preparar las fuerzas represivas contra los trabajadores y el pueblo, junto a planes de explotación y miseria para la clase trabajadora y una reforma laboral que despoja nuestros derechos laborales. Los miles de jóvenes, estudiantes y trabajadores debemos salir contra esta política, estas no son las preocupaciones de la clase trabajadora. Por eso es fundamental que comencemos a discutir cómo enfrentar esta embestida reaccionaria donde la represión y la antidemocracia se imponen en todo el país, con una política amplia, masiva y a la vez independiente de las instituciones de este régimen antidemocrático y represor.