Propuesta de castración química
En México, 120 mil mujeres son violadas al año, situación alarmante que ha llevado a la bancada priista en la ALDF a realizar una propuesta de castración química.
Por Sofía Yañez de Pan y Rosas
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), más de 120 mil mujeres son violadas en México cada año; el 30 por ciento de las violaciones se ejecutan en la vía pública y en el 70 por ciento de los casos el delito es cometido por personas muy cercanas a la víctima. Evidentemente la cifra negra de los casos sin denuncia es más alarmante.
En la capital del país, la situación no es distinta. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) registra un promedio de 14 delitos sexuales por día.
El grupo parlamentario del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) actualmente promueve la implementación de medidas como la castración química para violadores y pederastas.
“Quien comete el delito se someterá al tratamiento de inhibición sexual durante el tiempo que dure su pena y estará obligado a tratarse en el centro de atención para delincuentes sexuales que se crearía”, aseguró el coordinador de la bancada priista, Israel Betanzos.
Esta iniciativa no es nueva, ya que este órgano político ha buscado su aprobación desde 2007, cuando Jorge Schiaffino y Armando Tonatiuh González Caze presentaron la propuesta, señalando que era “por el bienestar de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de todas las mujeres de esta ciudad”.
De acuerdo con especialistas en estudios de género, medidas tan reaccionarias como ineficientes, como la castración química niegan las causas sociales que originan las violaciones, las cuales radican dentro de un sistema social en el que las normas, los valores y las creencias sitúan a las mujeres en una posición de inferioridad con respecto a los varones; por ello las violaciones son producto de un acto de sometimiento y no de sexualidad.
Esto explica que la discriminación en la impartición de justicia cuando una mujer acude a denunciar una violación, los funcionarios en los ministerios públicos primero indagan la reputación de la víctima: cómo iba vestida, a qué se dedicaba, si tiene novio o esposo. Cuestionamientos que lejos de buscar la impartición de justicia buscan dilucidar si la víctima provocó el acto.
Tales posicionamientos morales explican cómo, en pleno siglo XXI, existen constituciones locales –como la vigente en el Estado de México– donde en el caso de la violación a menores de edad, el agresor puede “reparar el daño” si se casa con la menor agredida.
Lo anterior, se expresa también en las cotidianas situaciones de acoso sexual en el transporte público, donde de acurdo a cifras de las autoridades capitalinas se contabilizan 3 denuncias cada día.
¿Problema de salud?
En lo que respecta a las reformas a la Ley de Salud del DF, se propone que ésta será la encargada de planear, organizar, operar y controlar el Centro de Atención para Delincuentes Sexuales.
La reforma legal priista detalla que el Centro de Atención dará seguimiento y tratamiento a quienes hayan sido sancionados por delitos sexuales, además les ofrecerá atención psicológica, médica, siquiátrica y de educación sexual.
Por su parte, psicólogos y psiquiatras opinan que la promoción de la castración química presupone erróneamente que quien ejecuta un acto de violación o pederastia padece algún trastorno mental severo que lo lleva a cometer tal acto, cuando en realidad la mayoría de violaciones ocurren de forma naturalizada, lo cual “no supone un trastorno en sí”, sino que es resultado de la naturalización de la condición de subordinación a la mujer, señaló a Acentoveintiuno Patricia Piñones Vázquez, Maestra en Psicología por la UNAM y actual secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Género.
Tales modificaciones legislativas (como la pena de muerte) suponen su aplicación en un sistema de justicia eficaz, el cual ha mostrado sus deficiencias más graves precisamente con respecto a los casos de violaciones y pederastia donde lo que prevalece es la impunidad. Como muestra, basta mirar los abusos militares y policiacos sobre la población civil, donde mujeres indígenas violadas por soldados del ejército no hallan justicia.
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